Nos encontramos en la actualidad con uno de los problemas que más preocupa a nuestra sociedad: el acceso a una vivienda digna. Todos los días nos despertamos con noticias de desahucios, de jóvenes que con 30 años aún no han podido volar del nido familiar, que necesitan, debido al alto precio de los alquileres y a la falta de suelo, compartir la vivienda con otros jóvenes. La viviendas que se ofertan en el mercado actual tiene pocos metros, incluso se alquilan por habitaciones.
Cuando analicé la Vivienda de Protección Oficial, también conocida como VPO, me autoafirmé en que es la solución a la demanda de un colectivo tan amplio. Hace mucho tiempo que comprendí que se creó con el único fin de facilitar el acceso a la adquisición de una vivienda por aquellos compradores con un poder adquisitivo bajo, colectivos vulnerables y jóvenes que intentan emanciparse -solos o en grupo- y acceder a su primera vivienda. Es por ello que este tipo de viviendas se pensó para que se puedan adquirir a un precio bastante más bajo que el resto de las viviendas sin la calificación de Protección Oficial aunque siempre respetando una serie de condicionantes que hay que cumplir para poder acceder a esta tipología de viviendas en las que su precio es importante porque se sitúa por debajo del precio de mercado.
La ventaja principal de la adquisición de una vivienda de Protección Oficial como he comentado es que el precio sea bastante inferior al precio de la calle, mejorado incluso, al poder contar con todo tipo de ayudas financieras o subvenciones que ofrecen las Comunidades Autónomas para la compra de la vivienda, para la tramitación de la hipoteca, incluso ventajas fiscales, etc.
UNA NUEVA LEGISLACIÓN
En el momento actual la Generalitat Valenciana está legislando una nueva normativa para poner en funcionamiento un decreto que regule la Vivienda Protegida, VPO, en la Comunidad Valenciana y que a la vez permita aumentar la seguridad jurídica y que unifique las leyes aplicables a las viviendas de protección, tanto de iniciativa pública como privada, a fin de garantizar la máxima transparencia posible de la Administración y tratando de frenar el posible desvío del coste en este tipo de viviendas y apostando por la creación de más viviendas de Protección Pública en la Comunidad Valenciana. Todos debemos congratularnos de que esta normativa llegue a buen puerto.
Para llevar a cabo su consecución, yo también opino que se debe simplificar cuestiones como la calificación y los tipos de vivienda de protección pública, su régimen de uso, los visados de los contratos, la calificación, el sistema de fijación de costes, el acceso al Registro de la Vivienda y al de Demandantes de Vivienda, así como los requisitos del acceso al Patrimonio Público de Viviendas de la Generalitat; son problemas y trabas burocráticas y administrativas que los del “gremio” conocemos bien. El Consell, según indicó el Secretario Autonómico de Vivienda Sebastián Fernández, está estudiando una nueva Ley de Vivienda en la Comunidad y cambios en el Decreto de VPO.
NUEVOS DECRETOS
Soy de la opinión, debido a mi dilatada experiencia, que lo más importante es la revisión de algunos decretos de la VPO, debido a la demanda de los promotores que reivindican una actualización de las reglas y del valor fijado, hace bastante tiempo, para el módulo de 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil para las promociones de VPO que sean privadas y que se actualice la subida de los costes de obra que lleva sin revisarse más de diez años, lo que ha impedido el desarrollo de múltiples proyectos con la calificación de VPO porque sus costes no estaban ajustados a la subida de los precios de la construcción, a la vez que también se deben vincular los precios a la subida del IPC y la posibilidad de que el propietario de una vivienda pueda acceder a una vivienda de VPO cumpliendo ciertas normativas, que por otro lado impide incluso que las viviendas pertenecientes al patrimonio público que se quedó en 1.530 euros por metro cuadrado útil puedan ejecutarse.
El Decreto en la actualidad recoge como principales novedades la tan necesaria revisión de los precios e iguala el valor del módulo entre municipios dejando un único valor de venta en la Comunidad Valenciana.
Así mismo, se ha establecido la calificación permanente de las Viviendas de Protección Pública (VPP) para evitar la futura especulación, a la vez que obliga al solicitante de una vivienda pública a estar inscrito en el Registro de Demandantes de Viviendas de la Generalitat Valenciana. Además, todos los edificios que reciban la calificación de protección pública serán inscritos en el Registro de la Oferta de Viviendas de la Generalitat Valenciana para tenerlos controlados.
VIVIENDAS PARA JÓVENES
La Generalitat va a destinar 20 millones de euros en avales para ayudar a los jóvenes a adquirir su primera vivienda, cifra que podrá ampliarse si la demanda lo requiere.
Las prestaciones no tendrán coste para los solicitantes y permitirán obtener un crédito de hasta el 95% del precio de la vivienda. Estas medidas del programa de Garantías del instituto Valenciano de Finanzas facilita el acceso al crédito según el Presidente, a jóvenes de hasta 45 años para la adquisición de su primera vivienda. Este plan de avales del IVF no tiene coste alguno para la persona que lo solicite lo que hará posible la adquisición de cerca de un millar de viviendas. Además tenemos que valorar que los jóvenes pueden adquirir viviendas nuevas o usadas, de venta libre o de protección pública pero que se destinen a domicilio habitual y el precio de adquisición del inmueble (sin los gastos y tributos) debe ser igual o inferior a 277.000 euros.
También se instaura una reserva preferente del 40% de las promociones públicas para alquiler asequible a jóvenes menores de 45 años tratando de resolver el problema que este colectivo tiene para emanciparse.
EL PLAN VIVE
Está claro que el Plan VIVE es la prioridad del Consell a través de su Presidente Carlos Mazón en la presente legislatura para crear 10.000 viviendas de protección pública (VPP) y que pretende aumentar el número de viviendas asequibles de la Comunidad, mediante la cesión de suelo público, concesiones a las empresas promotoras, permutas, entre otros.
El Plan VIVE fomentará una inversión superior a los 7.300 millones de euros en los próximos años, equivalentes al 2% del PIB de la Comunitat, además de crear unos 74.000 empleos directos e indirectos. El Plan VIVE busca actuar como respuesta a la problemática de la vivienda y facilitar su adquisición a unas 24.000 personas que se beneficiarán de esta política de vivienda y que se llevarán a cabo en suelos pertenecientes a los Ayuntamientos de distintas localidades, tan grande ha sido su acogida que el Plan ya cuenta con la implicación de más de 40 Ayuntamientos de la Comunidad, aunque Mazón abre la posibilidad de unirse a cualquiera que lo solicite basado en la cooperación entre Ayuntamientos, Generalitat y las promotoras/ cooperativas de viviendas.
Según el informe del Instituto Valenciano de Edificación se ha localizado una superficie importante de suelo público en los municipios de más de 10.000 habitantes que el análisis valora en más de 9.200 viviendas de las que 2.466 se construirán en la provincia de Alicante. Por otro lado, se pondrá a disposición del Plan VIVE el suelo de titularidad de la Generalitat a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) así como los solares de protección pública de titularidad privada aún pendientes de desarrollar y que permitirán la realización de más de 4.000 viviendas a las que se le sumarán otras que llegarán mediante actuaciones de rehabilitación como las que se está realizando en el Barrio de Miguel Hernández, en Alicante. Se estipula un activo de 1.101 viviendas mediante concurso, derecho de superficie y financiados con fondos europeos y capital privado y destinadas a alquiler asequible.
En esta etapa está previsto la ejecución de 685 viviendas mediante derecho de superficie y gracias al Plan VIVE se van a rehabilitar 600 viviendas para alquiler social con fondos estatales, europeos, de la Generalitat y de los Ayuntamientos.
Por otro lado, durante esta legislatura se van a crear 6.000 viviendas mediante la modalidad de permuta, derecho superficie o concesión administrativa sobre suelo público destinadas a alquiler, alquiler con opción a compra o compra directamente a precio VPO y que serán construidas con financiación privada.
Todo esto se hará de manera sostenible y se aprovechará el suelo urbano o dotacional residencial de titularidad pública al que se sumará el suelo privado pendiente de ejecución.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala ha respaldado el Plan VIVE y se ha comprometido a poner a disposición de la Consellería de Vivienda hasta ocho solares de titularidad municipal para que puedan destinarse a la promoción de esos inmuebles y enfocados en el alquiler asequible o en propiedad mediante la colaboración público-privada para poner el suelo municipal a disposición de los promotores de viviendas. De hecho, en estos momentos el Plan VIVE cuenta con una parcela perteneciente a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo situada en el barrio de Rabasa para la construcción de 38 viviendas en régimen de alquiler asequible a la vez, que nos ha confirmado el Alcalde que el ayuntamiento de Alicante trabaja para liberar suelo gracias al impulso dado a los nuevos desarrollos urbanos y lograr un planeamiento global para hacer esas cesiones de suelo.
En el PERI de Rabasa con una superficie total de 48.129,42 metros cuadrados cuyo desarrollo se programó en dos fases para permitir la construcción de un total de 417 viviendas de las que 336 serán protegidas. En la Fase B que se aprobó el pasado mes de abril en las 17 parcelas propiedad de la Generalitat, la Entidad Valenciana había proyectado un total de 117 viviendas de las que llegó a contratar la construcción de las primeras 32 que quedarían financiadas con fondos europeos y se destinarían al alquiler asequible, pero no obstante su obra aún no ha llegado a iniciarse. Con todo, la previsión es que se incorporen otros suelos actualmente en manos de la Entidad Valenciana y situados en otros barrios de Alicante, como el de Babel, por lo que podemos afirmar que Alicante se adhiere al Plan VIVE de promoción de vivienda pública impulsado por el Consell, como una de las ciudades con mayor oferta del suelo disponible.
Y todo lo expuesto es lo que da importancia al Plan VIVE y a su resultado tan necesario como positivo, sin olvidar la posibilidad de que las personas que vayan a adquirir una vivienda entren en la promoción a través de una Cooperativa de viviendas sin ánimo de lucro convirtiéndose en autopromotores de su propia vivienda y siempre contando con una Gestora que se asumirá la tramitación del expediente de promoción de las viviendas de protección pública así como para solicitar la calificación provisional, requisito imprescindible es acreditar la titularidad del suelo por parte de la Cooperativa, además de los generales exigibles por este reglamento y por el Real Decreto 2028/1995 de 22 de diciembre, por el que se establecen las condiciones de acceso a la financiación estatal de viviendas de protección oficial promovidas por Cooperativas de vivienda, a la vez que la Gestora le lleve la dirección de la obra hasta el final.
